LORENZO ALONSO.
Hace mucho tiempo que venimos repitiendo que uno de los problemas económicos de España es el coste del modelo de Estado que nos impuso la “clase política” española actual. Durante más de tres décadas nos han estado vendiendo una inmensa cantidad de mercaderías políticas averiadas (descentralización política, administrativa y fiscal; gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos; leyendas de tiempos imaginarios y fábulas de lugares utópicos) sin explicarnos que sus quimeras (inmensas maquinarias burocráticas) necesitaban ingentes recursos tributarios y financieros. Para ello inventaron un alucinante sistema de financiación de esas Comunidades Autónomas y nos los vendieron como un ungüento de serpiente capaz de llegar a ser el elixir del eterno progreso político y económico de cada rincón de este país.
Nos explicaron que el consenso era el método racional de conseguir lo propuesto y la “multilateralidad”, basada en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, era el ejemplo perfecto que ayudaría a eliminar las tensiones territoriales de España. Pronto vimos que el cónclave de cada Partido Político pactaba, con los “miniestados” que dominaba, las decisiones que iban a votar en el sínodo de ese Consejo y que los dirigentes de algunos de estos territorios, que se sentían perjudicados, guardaban en la manga cartas marcadas. Y blandieron sus armas: “Balanzas Fiscales” amañadas (como si su territorio fuese un contribuyente o un ciudadano necesitado, al estilo medieval) y “Pactos Fiscales” (soberanía tributaria, bilateralidad y Convenio fiscal entre Estados). Todo era una quimera.
Durante muchos años nos avasallaron con “conceptos fiscales indeterminados” (corresponsabilidad fiscal, cohesión territorial, justicia distributiva, coste efectivo de los servicios públicos, óptima gestión del Estado de Bienestar, eficaz cobertura de las necesidades financieras) para justificar la cesión del 100% de la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre la Matriculación de Vehículos y del Impuesto sobre la Electricidad; para añadir a la cesta tributaria el 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los Impuestos Especiales (tabaco, alcoholes, cerveza, hidrocarburos, etc.); para seguir presionando hasta conseguir el 50% de la recaudación del IRPF (estableciendo tarifas y regulación propias en este tramo), el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Sin hablar de los privilegios del concierto económico del País Vasco (en realidad son tres regímenes especiales, ya que cada uno tiene poderes fiscales distintos: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y del convenio económico de Navarra (auténticas Confederaciones fiscales) y de una buena parte de la financiación de Canarias, Ceuta y Melilla.
Pero muchos dirigentes regionales se dieron cuenta de que este sistema generaba incertidumbres y que por tanto había que protegerse de ellas. Así que se inventaron variopintos mecanismos que les garantizasen la financiación de sus gastos: Fondo de Suficiencia Global, Fondos de Convergencia (de Competitividad, de Cooperación), Fondo de Compensación Interterritorial y otros Fondos, Fondillos y demás complementos edulcorados con multitud de variables para satisfacer diferencias y localismos (aportación al PIB nacional, “renta per capita”, población total, envejecimiento de la población, dispersión de la población, insularidad, lejanía, kilómetros de costa escarpada o de arena, lengua propia). Utilizaron un montón de fórmulas de ingeniería financiera expuestas con brillantez, multitud de cuadros exuberantes de coherencia interna y bellas hojas “Excel” para obtener el oro inagotable y la piedra filosofal. Pero a lo largo de su vigencia hemos visto que el dinero salía de los raídos bolsillos de “papá Estado”.
Todo había sido una gran falacia, porque el volumen de facturas pendientes de pago al terminar 2011 se elevó a 17.000 M€. El Estado tuvo que hacerse cargo de todas ellas (cerca de 4 millones de facturas) en 14 Comunidades Autónomas (todas excepto País Vasco, Navarra y Galicia). Pero la bestia, como le ocurría a Pantagruel, seguía teniendo hambre y el Tesoro estatal ha tenido que ofrecer “pequeños adelantos y anticipos”, el Instituto de Crédito Oficial ha tenido que conceder líneas de crédito especiales (10.000 M€ hasta ahora), el Estado ha tenido que inventar un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con 18.000 M€ (comprometido ya casi en su totalidad). No contentos con esta deriva demencial, el Ministro de Hacienda anuncia su extensión al próximo año (día 5-11-2012 ante la Junta Directiva de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional).
Por si fuera poco, según los datos del Ministerio de Hacienda, las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas, a principio de septiembre, ascienden a 12.000 M€. Y para poner “la guinda al pastel”, el Banco de España nos dice que la deuda autonómica en circulación ha aumentado en más de 9.000 M€ en la primera mitad del de este año.
Nuestra “clase política”, como los viejos alquimistas, buscó el oro infinito, pero nos ha dejado plomo, tierra quemada y frustración.
