CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
En español hay dos expresiones que la gente suele utilizar indistintamente, como si realmente fueran sinónimas: CONFIAR Y TENER FE.
CONFIAR según los diccionarios, es equivalente a tener buenas expectativas respecto de alguien, respecto de sus cualidades, habilidades o promesas; pensar que va a ser coherente, leal y no vamos a sentirnos defraudados por sus acciones u omisiones…
TENER FE es dar por cierto, darle crédito a algo por la autoridad de quien lo dice o por su fama pública, o por su mayor o menor predicamento. Evidentemente tal actitud implica necesariamente ingenuidad y falta de malicia. Tener fe es dar por veraz algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón, o demostrado por la ciencia.
Últimamente está de moda en España criticar, insultar y acusar a los políticos de toda clase de delitos por el mero hecho de estar afiliados a un partido –sea cual sea el partido- u ostentar un cargo público. Ya sean ministros, o concejales, o diputados regionales; sea cual sea el cargo electo… está de moda equipararlos a ladrones, estafadores, mentirosos, corruptos, sinvergüenzas, incumplidores, aprovechados, inmorales, chorizos… incluso asesinos, aunque su único crimen consista en apretar un botón de «Sí» o “No” en el Congreso de los Diputados. Se cuestiona a los políticos y se duda de ellos hasta extremos que hasta hace poco eran inimaginables. Se ha pasado de confiar en algunos, tener fe en otros, a una situación de desconfianza generalizada, percepción de la que apenas nadie duda de que la casta política se lo ha ganado a pulso.
Hemos llegado a una situación en la que, la gente considera que el «interés general» bajo el que se justifica la existencia del Estado, no es más que el interés de la casta política parasitaria que ocupa el poder. También es cada vez mayor el número de personas que acaba llegando a la conclusión de que el Estado es un ente improductivo, dominador y depredador, que vive a costa de todos los grupos sociales que no forman parte o no poseen el favor de la casta en el poder del Estado: comerciantes, trabajadores, empresarios, campesinos, etc.
Para que un Estado corrupto, depredador, liberticida pueda sobrevivir necesita de la colaboración más o menos entusiasta de cómplices, colaboradores, para poder aplastar, humillar, sojuzgar a todo aquel que no se someta a sus dictados; tal como Joaquín Costa expone en “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España” hace aproximadamente un siglo, situación que desafortunadamente apenas ha cambiado, pese que las Constitución y las leyes digan lo contrario.
Tal como también nos anticipó Joaquín Costa, en la España del siglo XXI gobierna una casta parasitaria integrada por lo más malvado, por lo peor de la sociedad, que evita por todos los medios a su alcance que en los puestos de decisión, de responsabilidad esté presente la excelencia…
En la España actual, en la que existe un clamor cada vez más extendido de que hay que emprender con urgencia extrema una profunda regeneración, y liquidar el régimen de 1978, cada vez estamos más necesitados de una terapia de choque, de unos “cirujanos de hierro” (tal cual nos recomendaba también Joaquín Costa) que pongan en funcionamiento un sistema político cuya idea fundamental sea la “desconfianza”, sí aunque suene provocador, o políticamente incorrecto en la era del consenso, del “yo quiero tener un millón de amigos”; esa es la idea-fuerza que inspiró a Montesquieu, Locke y quienes hace varios siglos hablaron de la necesidad de implantar un régimen con estricta separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Claro que no podemos olvidar que la propuesta de la división de poderes atenta contra uno de los principios básicos y elementales de la política: el poder político no tiende a dividirse y, en caso de resultar dividido, acabará intentando permanentemente y por todos los medios su reunificación.
El poder político no es proclive a dividirse por la sencilla razón de que quienes lo ostentan no tienen intención de compartirlo de forma voluntaria. El poder político siempre tiende a concentrarse. Esto es así tanto en la economía como en todos los ámbitos del Estado. Quienes logran “conquistarlo”, proceden a consolidarlo y posteriormente “expandirlo”. Quienes transitoriamente lo pierden, intentan recuperarlo a toda costa; pero nadie en su sano juicio lo comparte, o lo cede, a menos que esté inevitablemente forzado a hacerlo.
Dado que los cargos legislativos y ejecutivos dependen del resultado de campañas electorales, y puesto que la magnitud y la eficacia de las campañas dependen principalmente del dinero invertido tanto en ellas como en los medios de difusión/información que «crean» la opinión pública a través de la opinión publicada, los ciudadanos más ricos, más adinerados — que son quienes financian esas campañas y a los medios de información — se reservan para si el poder de decisión sobre quienes podrán y quienes no podrán competir en la arena política con alguna razonable probabilidad de éxito. Y aún así, los que puedan deberán, antes, asumir los compromisos impuestos por los que mandan y financian.
De este modo y a los efectos prácticos, el voto popular se convierte en una opción dentro de un espectro de posibilidades previamente seleccionado por la plutocracia. En otras palabras: el votante opta, pero no elige. Controlados así los dos «poderes» principales, el tercero — es decir, el Judicial — ciertamente resulta «casi nulo» porque, por un lado no tiene más margen de maniobra que el que le permiten las leyes dictadas por el Legislativo con la reglamentación del Ejecutivo y, por el otro lado, la designación de los miembros del Poder Judicial es el resultado de una negociación entre las diferentes facciones de los otros dos poderes.
La realidad concreta, la cruda realidad de la división del poder en el régimen demócrata-liberal es que los jueces dependen de los políticos y los políticos dependen de quienes les financian y publicitan las campañas electorales.
Por todo ello, está de más decirlo, la corrupción generalizada de todo el sistema está prácticamente garantizada y la única regla realmente vigente es “poderoso caballero es don dinero”, o sea: el que tiene dinero es el que hace las normas, y… el que hace la ley hace la trampa.
Una vez vistos algunos inconvenientes de tener Gobiernos, Parlamentos, Poder Judicial, inevitablemente surge una pregunta:
¿Necesitamos instituciones “así”? ¿Por qué?
Un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica determinada.
Excepto que los humanos elijan vivir solos, en una isla desierta, o algo parecido, todos necesitamos de un ambiente adecuado para satisfacer las necesidades más elementales; los humanos pueden obtener enormes beneficios de su trato con los demás. Un entorno social es más apropiado para ayudarnos a sobrevivir con éxito, pero sólo en ciertas condiciones. Pero estos mismos beneficios indican, delimitan y definen qué tipo de hombres pueden ser mutuamente valiosos y en qué tipo de sociedad lo son: sólo los hombres racionales, productivos, independientes, en una sociedad racional, productiva y libre».
El único propósito, el correcto, de un gobierno –aunque pueda parecer una perogrullada recordarlo- debe ser hacer que los ciudadanos puedan vivir en sociedad, protegiendo los beneficios y combatiendo los males que puedan causarse entre sí.
Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo: la policía para defender a los ciudadanos de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de invasores extranjeros, los tribunales de justicia para solucionar los litigios entre ellos de acuerdo con leyes objetivas.
Con tales fines se creó hace varios siglos en los actuales Estados Unidos de Norteamérica un sistema de «contención y equilibrio», y si bien ciertas contradicciones en su Constitución dejaron abierta la posibilidad para un posterior crecimiento del estatismo, del intervencionismo, la idea de una constitución creada como medio para limitar y restringir el poder del gobierno constituyó un hallazgo, un logro incomparable, antes nunca conocido.
La Constitución de los EEUU fue creada con la única intención de que fuera una limitación impuesta al gobierno y no a los individuos particulares; en ella no se reglamenta la conducta de los individuos sino la del gobierno. La Constitución Estadounidense no es una carta de privilegios para el poder del gobierno, sino una carta de derechos para la protección de los ciudadanos contra el poder del gobierno.
En España el Gobierno en lugar de ser un protector de los derechos de las personas, se está convirtiendo en su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad, está estableciendo la esclavitud; en lugar de proteger a los ciudadanos de aquellos que inician el uso de cualquier clase de violencia, es él quien lo hace, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; en lugar de servir como un instrumento de imparcialidad en las relaciones humanas, suscita inseguridad, incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales; en lugar de proteger a los hombres de los daños que puedan experimentar debido a conductas caprichosas, el Gobierno es quien se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final: el estadio donde el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si el Gobierno les da permiso…
Si finalmente en España, sea porque el actual régimen, nacido de la denominada “transición”, de la Constitución del año 1978 acaba muriendo colapsado, sea porque los españoles acaben derrocándolo por hartazgo; si finalmente entramos en un periodo constituyente, habría que redactar una nueva constitución mediante la cual se instituya una estricta y real separación de los poderes del Estado, una constitución en la que la “filosofía” principal que la guíe sea la desconfianza, en la que subyazca la idea de que a los gobernantes, legisladores y jueces hay que aplicarles sistemáticamente la presunción de culpabilidad, y respecto de los que se han de crear contrapoderes, mecanismos de control, de contención que se lo impida; pues la voluntad de poder es una cosa especialmente tentadora ¿O no?
Aunque sería muy extenso desarrollar de forma pormenorizada cómo debería ser ese nuevo texto constitucional, no puedo acabar sin mencionar que, sería imprescindible que en él se previeran mecanismos para eliminar estructuras o políticas que incentiven la corrupción, también se debería prever una regulación estricta de la financiación de los partidos políticos (y sindicatos y demás paniaguados) y eliminar toda clase de subvención, y sobre todo las que carecen de un control efectivo, las que favorecen los sobornos.
El nuevo texto constitucional debería incluir resortes para el control social sobre las instituciones. Este control exige evitar conflictos de intereses, y en concreto que el supervisor tenga intereses sobre lo que controla.
Habría que emprender un plan de “Alfabetizaicón/educación para la honradez”, posiblemente lo más importante a largo plazo.
E imprescindiblemente acabar con la “injusta justicia” que los españoles no nos merecemos: cara, lenta y arbitraria…
En fin, como decía en el título: “La desconfianza es un arma cargada de futuro”.
