PABLO SEBASTIÁN.
Lo que parecía un solo caso de corrupción de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres por el tráfico de influencias, estafa y otros presuntos delitos llevados a cabo en el Instituto Nóos, se puede convertir en una crisis de Estado que ponga en entredicho o en grave peligro a la Monarquía y al vigente Régimen político español de la transición. Y no solo por lo ocurrido en torno a este escándalo de corrupción política (donde pudo haber intervenido el Rey llamando a políticos y empresarios para obtener dinero en favor de Nóos, como se desprende de alguno de los correos llegados al sumario), sino y sobre todo por los graves errores políticos y las presiones que desde la Casa del Rey y desde el Gobierno se han perpetrado contra el juez Castro (a quien la extrema derecha monárquica pretende linchar) que instruye el caso y sobre todo desde que decidió, como era su obligación inevitable, imputar a la Infanta Cristina para que preste declaración.
El inusual recurso presentado por el fiscal Horrach contra el auto del juez, con el que se imputaba a la Infanta y la citaba a declarar, constituye a simple vista un disparate infundado y una decisión al parecer forzada por la fiscalía del Estado que depende del Gobierno y luego aplaudida por la Casa del Rey, que se ha decantado a favor del fiscal y en contra del juez con un comunicado impresentable donde declaró su “sorpresa” por la imputación de la Infanta, como si la Casa del Rey formara parte interesada de Nóos. Esa esa la impresión que ha dado con semejante comunicado, y lo que se desprende de las actuaciones del asesor del Rey, conde de Fontao, en el Instituto, y sobre todo del secretario de Noos y de las Infantas, García Revenga. De lo que se puede deducir que si la Casa del Rey critica al juez y aplaude al fiscal es porque ella misma está implicada en el caso Nóos e interpreta que la imputación a la Infanta-ahora pendiente de un recurso a la Audiencia Provincial de Mallorca- y no digamos su eventual procesamiento les afectaría de lleno.
Desde luego la imputación de una Infanta de España en un caso de corrupción es una noticia de envergadura y trascendencia tanto política como social, e incluso internacional. Y de todo ello solo son responsables Urdangarin, la Infanta Cristina, la Casa del Rey y el Gobierno de turno (de Zapatero y Rajoy) que sabiendo lo que ocurría, como debían saberlo, lo consintieron. Y todos ellos se están equivocando tanto en su estrategia de defensa jurídica, atacando la independencia de la Justicia, como en su acción política hasta el punto que estamos pasando de la imputación de la Infanta al creciente deterioro de la Corona, y la pérdida de “autoritas” del Rey, lo que podría conducir a la posible abdicación del monarca y, si no abdica, incluso a una crisis terminal de la Monarquia.
Entre otras cosas por todo lo ocurrido en Noos y la catastrófica gestión política del caso tanto por la Casa del Rey como por el Gobierno, y por el desafío que todo esto supone al conjunto de la sociedad española que está harta de escándalos de corrupción y de la impunidad de los políticos, gobernantes y altos cargos del Estado. De ahí que si finalmente la Infanta no fuera a declarar -si prosperara el absurdo recurso del fiscal- la revuelta social que ello originaría podría alcanzar cotas sorprendentes, como las que ya ven y se anuncian contra los desahucios frente a las sedes de los partidos y de los líderes y representantes políticos. Una movilización creciente que no se va a cortar con facilidad y por las malas y menos aún llamando terroristas o nazis a los que se manifiestan, o con medidas represivas de alta intensidad.
Ahora un cierto estupor y temor impera en los primeros palacios del Estado. Ahí están, por ejemplo, la Casa del Rey y el Gobierno con una rectificación relativa a su intransigencia inicial contraria a que la ley de transparencia fiscalizara los Presupuestos de la Corona. Pues bien, ambas partes ya han dado un paso atrás, pero no todos los que tienen que dar en este sentido y que acabarán dando. Como sería bueno que se dieran en Zarzuela otros pasos hacia atrás mas significativos y que Rajoy y su Gobierno tuvieran preparado un plan ‘B’ relativo a la posible abdicación del Rey -lo de la renuncia de la Infanta a sus derechos sucesorios es una ‘broma’ de mal gusto de los monárquicos de ABC-, porque ya no hay tiempo para un cortafuegos de baja intensidad dado que el bosque del Palacio Real ya ha sido pasto de las llamas. Y solo les queda como posible escudo una decisión importante como sería la abdicación del monarca quien, a todas luces, ha estado cerca del caso Nóos al igual que de las sorprendentes y reprobables andanzas en España de su “entrañable amiga” la princesa Corinna, lo que está a punto de estallar con asombrosos detalles en los medios de comunicación y ya veremos si también en los juzgados, lo que no sería nada de extrañar.
Se quiera o no estamos asistiendo al fracaso del sistema político (y del modelo económico de los últimos años) por causa de: la crisis, el mal gobierno, la corrupción y abusos de poder, la baja calidad de los representantes del pueblo, el desastre del modelo autonómico y la notable ausencia de la separación de los poderes del Estado. Lo que, sumado a una pésima ley electoral que no es representativa de la ciudadanía ni proporcional, está llevando este fin del Régimen de la transición a un gigantesco caos con alto riesgo de revueltas sociales. Lo que debería obligar al Gobierno y a la Oposición a reaccionar proponiendo una importante y profunda reforma política (nada de retoques a título de ‘regeneración’), si es que los actores de este crucial momento no quieren acabar sobrepasados por una “revolución” que por pacífica que sea siempre será una solución mas drástica que llevará a un cambio ‘global’ de la situación.
Lo ocurrido con la Infanta Cristina es toda una señal y buena prueba de ello es que el PSOE, desbordado por las minorías de su izquierda y del centro político (IU y UPyD), se empieza a desmarcar y a distanciar sigilosamente de la Casa Real. Y pronto veremos a ciertos colectivos, líderes sociales e incluso a importantes medios de comunicación iniciar ese mismo sendero en pos de una novedosa “ruptura democrática” como la que no se hizo (por el enorme poder que aún le quedaba al franquismo) al inicio de la transición. Y que puede dejar al Partido Popular (como en su día le ocurrió a Alianza Popular) fuera del juego de la nueva e imparable reforma y modernidad, mirando al pasado y en esa posición inmovilista y de ciego ante la realidad que tanto le gusta a Rajoy. De manera que atentos a los próximos acontecimientos porque lo que ahora está ocurriendo en España tendrá importantes consecuencias como muy pronto o a medio plazo se verá.
