La clase política española está 8 meses ya, pidiendo el voto a los gobernados para elegir al Presidente del Gobierno; esto ha supuesto la celebración de dos campañas electorales, con sus correspondientes precampañas, y hasta el momento, el intento de una sesión de investidura fallida.
Ahora, desde hace apenas un par de días estamos a la espera de que, de nuevo, los jefes de los partidos negocien (del verbo negociar), se pongan de acuerdo en qué cosas dejan en el camino, en qué promesas hicieron a sus electores para ahora no respetarlas, y en su caso, ponerlas a disposición del contrincante político para recibir su apoyo en un nuevo intento de investidura.
Resulta pues que se le pide a los ciudadanos su voto para elegir, pero por el contrario una vez que los ciudadanos votan, el resultado no ha producido los efectos deseados. Los electores no han podido elegir, su voto no ha servido nada más que para atribuir un porcentaje de poder a un partido estatal (una porción del Estado) para que este ahora tenga la posibilidad de negociar -hacer negocio-, con otra porción o proporción del Estado.
Los españoles ni han elegido Presidente del Gobierno, ni han elegido a su Diputado de Distrito. No tienen representante por tanto, en la Asamblea Nacional (Congreso de los Diputados) ni tienen tampoco, -por virtud de su voto-, Presidente del Gobierno; ¡tantos meses y tantas alforjas para tan pobre resultado!
El sistema electoral proporcional corregido por la Ley d’ Hont, el imperio de los distritos electorales provinciales, las listas de partido, el nombramiento del Presidente del Gobierno por parte de los diputados de listas, el mandato imperativo sobre estos por parte de sus jefes de partido, el nombramiento del Gobierno de los Jueces por parte del Presidente del Gobierno, la no elección libre del Presidente del Congreso de los Diputados (que hasta la fecha responde al nombramiento caprichoso del presidente del ejecutivo o al acuerdo entre cúpulas oligárquicas, la inexistencia de verdaderas comisiones de investigación, etc. Todo este entramado antidemocrático ha hecho que España caiga en el pozo negro de la corrupción sistémica, la decadencia moral y la indiferencia ciudadana.
Después de tantos y tantos millones de euros, después de tanta charlatanería, después de tantas promesas incumplidas, después de tantas urnas sin resultados plausibles, después de tanta traición; ahora estamos pendientes de que tres o cuatro jefes de partidos se reúnan en despachos de lujo, y a espaldas de sus electores para llegar a acuerdos en los que ellos -y solo ellos- serán los electores.
Ya lo he dicho en más de una ocasión: en el «Concurso Anual de Charlatanes» que se celebra todos los años en la bella ciudad de Orihuela, participan mejores -¡pero no más!-, profesionales de la palabra convertida esta en arte de magia para la venta de muy diversas mercancías, -que para el caso de la política española-, desde los albores de la transición resulta ser de mercaderías averiadas y trasnochadas.
Sin la virtualidad que trae la separación de poderes en origen y la representación política del ciudadano de la mano de la República Constitucional, no habrá solución a nuestras desdichas. Los poderes constituidos del Estado (Monarquía, clase política, financiera, empresarial y mediática) hacen todo lo posible para que este régimen perdure a sabiendas de su condición antidemocrática esencial.
La unidad de los revolucionarios de la Libertad Política Colectiva es, -cada día que pasa-, más y más importante y decisiva. Esta lucha nuestra -la del MCRC- comenzó hace ahora 10 años, estamos obligados a no parar hasta conquistar la III República Constitucional Española.
