ANTONIO GARCÍA TREVIJANO / ROBERTO CENTENO
Un presidente del Gobierno que permite el incumplimiento sistemático de la ley y de la Constitución, la discriminación y la persecución de los españoles no separatistas por un puñado de sediciosos, no puede ocupar ese cargo ni un minuto más. La pasividad y la cobardía de Mariano Rajoy y del PP resultan pasmosas, tanto que han llevado a que cualquier grupo de matones racistas como la CUP, Mas y sus secuaces de Junts Pel Sí o Amaiur estén convencidos de que pueden cometer cualquier desmán porque nadie se lo va a impedir, mientras los ciudadanos honrados están indefensos. Además, Rajoy ha financiado con ríos de dinero público a los sediciosos y ha permitido la utilización de edificios y recursos públicos para la preparación de un golpe de Estado, convirtiéndose en colaborador necesario de unas autoridades imputables de un delito de sedición.
Esto es algo tan elemental y tan obvio, que resulta asombroso que la totalidad de medios no estén pidiendo unánimemente la cabeza del presidente del Gobierno, que la Fiscalía o los particulares no hayan formulado ni una simple querella contra Rajoy. Esto solo ha sido posible tanto porque la Fiscalía es un órgano dependiente del Gobierno como porque aun existiendo ciudadanos valerosos y competentes que estarían dispuestos a querellarse contra el presidente del Gobierno saben que el Tribunal Supremo actual jamás admitirá una querella contra Rajoy, puesto que son criaturas del Estado de partidos. Pero antes o después, Rajoy y los responsables directos deberán ser procesados y condenados, por haber abandonado sus funciones respecto al deber de perseguir los delitos (art. 408 del Código Penal).
Pero además es que Rajoy pasa de la depresión a la euforia, de parecer un zombi con la mente bloqueada en cuestiones elementales a la agresividad y a la negación de lo evidente. Es incapaz de razonar (Onda Cero), incapaz de dar un mitin (en Barcelona con Sarkozy, que se apresuró a llamar espantado a su amigo Aznar), de dar la cara como presidente del Gobierno el 27-S ante la euforia de los sediciosos y, ya el colmo, de cumplir sus obligaciones más urgentes como ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero se lanza eufórico e insultante en Antena 3 sin reconocer error alguno, ni la corrupción, ni los desplomes electorales, ni su claudicación ante los sediciosos. Rajoy presenta toda la apariencia de sufrir un trastorno bipolar, algo que incapacita para ejercer cualquier tipo de responsabilidad; y no digamos la presidencia de un Gobierno.
La unidad de España no se negocia, se defiende
Resulta asombrosa la perversión moral e intelectual a la que han llegado muchos españoles, aceptando como verdadero lo falso o como realizable lo irrealizable. Y es que gracias al continuo martilleo de unos medios cuya ignorancia o contumacia parecen no tener medida ni fin, la desinformación de los ciudadanos ha llegado al punto de que la mayoría no tengan ni idea de lo que se está hablando, o que por ejemplo, ante el silencio cómplice del Gobierno, crean cierta la patraña del “derecho a decidir”, cuando tal derecho no existe. En una democracia no cabe decidir sobre lo indecidible porque no entra en el terreno de sus competencias, y la nación es un hecho indecidible porque no está creado por la voluntad individual ni colectiva, es un hecho histórico.
No existe ni un solo antecedente en la historia de los acontecimientos mundiales o de las ideas políticas que justifique el derecho de autodeterminación dentro de un Estado histórico como el español, que encontró su unidad nacional antes de la Revolución francesa, como expresamente escribió Carlos Marx. Uno puede entender que los sediciosos sean impermeables a la razón, tanto que la mendacidad y la estupidez de sus argumentos es bochornosa, como se vio con la entrevista de Romeva en la BBC, con un periodista que sabía de qué hablaba y que dejó a este descerebrado en el más absoluto de los ridículos, pero nunca la ignorancia culpable de un Gobierno. Y si hay dos millones de ciudadanos entre 46 millones que quieren romper España, son muy libres de querer la luna, pero solo un loco o un traidor permitiría, ni siquiera tácitamente como hace Rajoy, tan colosal dislate totalitario y antidemocrático, además de profundamente racista.
Más aún, es que Cataluña jamás ha sido una nación ni material ni formalmente. Primero fue un condado del Reino Franco, después perteneció a la Corona de Aragón y finalmente se integró en la unidad nacional española. ¿De qué independencia hablan estos sediciosos? Pero si en un plano teórico alguien defendiera el derecho a decidir como si existiera, carece de toda explicación racional o sentimental el hecho de que no se reconozca ese derecho a todas y cada una de las circunscripciones electorales de Cataluña. ¿O acaso no existiría el derecho a decidir en aquellas circunscripciones catalanas aplastantemente contrarias a la independencia como Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña?
Si la desinformación de los españoles causa asombro universal, en cambio la vileza de Rajoy y su Gobierno parece a numerosos ciudadanos un hecho normal. ¿Cómo es posible que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tenga la osadía de afirmar que “vamos a seguir garantizando la legalidad y vamos a seguir defendiendo la unidad de España”? ¿Acaso se defiende la legalidad cuando el líder de los totalitarios de la CUP, Antonio Baños, afirma públicamente que no piensan cumplir la ley ni la Constitución, y el fiscal General del Estado no ordena la detención inmediata de este verdadero promotor de la sedición (art. 548 del Código Penal)? ¿Acaso se defiende la unidad de España consintiendo mediante el silencio culpable los continuos llamamientos a la sedición por todas las autoridades catalanas?
Que el diputado de una organización legalizada y con presencia en el Parlamento se mofe de todos los diputados rompiendo con total impunidad lo que para ellos es la Ley de Leyes. ¿Qué hubiera ocurrido si en EEUU un diputado sube a la tribuna y rompe el texto de su venerada Constitución? La inhabilitación de ese negador de la norma en virtud de la cual está sentado, en la Cámara o en el Senado, sería fulminante, por parte no solo de las instituciones sino también de todos los medios de comunicación. Habría pasado a la condición de proscrito. En España esto no sucede porque la clase política y mediática no creen en la Constitución y nadie considera que sea fundadora ni garante de democracia alguna. ¡Una debilidad clamorosa inimaginable en cualquier tipo de Estado consolidado!
Rajoy, dispuesto a negociar lo innegociable
Cuando Rajoy dice literalmente que “no se ha votado la ruptura”, está aceptando que si en unas elecciones al Parlamento autonómico una mayoría de votantes hubiera votado a los partidos separatistas, en ese caso la secesión de Cataluña sería legítima y legal. ¿Cómo esta frase puede salir de la boca de un presidente del Gobierno de España? Esto debería bastar para provocar un movimiento ciudadano exigiendo su dimisión inmediata. El problema no son los separatistas, el problema es que enfrente, parafraseando a Montesquieu, “no tienen ningún otro poder que los frene o los detenga». Pero dos millones de totalitarios y racistas sin fuerza real alguna para alterar el equilibrio de las relaciones de poder jamás podrán imponer su voluntad a 44 millones, aunque un jefe de Gobierno cobarde les tolere lo intolerable.
Si Albert Rivera, comprometido contra la corrupción, con la recuperación de parte de las competencias autonómicas por el Estado y sin complejos en la defensa de la unidad de España, desea limpiar totalmente la vida pública española, le bastaría con proponer la simple reforma de la ley electoral para acabar con la partidocracia, que es el fundamento más profundo de la corrupción tanto institucional como personal. Y la reforma consistiría en derogar un solo artículo de la Constitución, suprimiendo el criterio proporcional y sustituyéndolo por el sistema mayoritario con la elección de un solo diputado por distrito. Sánchez y Rajoy también quieren reformar la Constitución pero solo para «buscar un encaje de Cataluña», o sea un nuevo robo, solo que doble o triple al del País Vasco y Navarra, que pagan 9.000 millones al año menos de lo que les tocaría en el régimen fiscal común.
Sería una imprudencia acometer a la vez esta reforma de la ley electoral y la introducción por primera vez en España de la separación de poderes del Estado, pues todos los medios controlados por la oligarquía monopolista y financiera y todos los demás partidos se opondrían. En cambio, si se contenta con eliminar la partitocracia, ese solo cambio llevará en un corto plazo de tiempo a la separación del poder legislativo y del poder ejecutivo. El poder judicial no es un verdadero poder, como ya lo advirtió el propio Montesquieu; al poder judicial le basta con obtener su propia independencia sin pretender llegar a ser otro poder junto a los otros dos. Si Rivera se compromete con eso, no solo podrá ser el próximo presidente sino que cambiará la historia de España.
